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jueves, 18 octubre 2018

Jesús Belmont Vázquez

UN FIASCO, LABOR DE LEGISLADORES POR QUINTANA ROO

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senado

*Muy pobre resultó el desempeño de senadores y diputados por Quintana Roo en la LXIII Legislatura que está por finalizar. El fallido intento de llegar a San Lázaro por la vía plurinominal del senador Félix González, y el grito de ¡ehh puto! de la diputada Arlet Mólgora, dejan entrever la falta de ética de los legisladores y ponen en evidencia su nulo rendimiento legislativo. Iniciativas, propuestas y puntos de acuerdo de muy poca trascendencia fueron su sello en el Congreso de la Unión.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Congreso de la Unión.- El trabajo legislativo de los diputados y senadores por Quintana Roo durante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión que está por concluir, deja mucho que desear y en la mayoría de los casos su labor se concretó a la presentación de exhortos que nadie responde, puntos de acuerdo e iniciativas poco o nada viables.

¿CÓMO PODRÍAMOS CALIFICAR EL TRABAJO REALIZADO POR LOS LEGISLADORES POR QUINTANA ROO?

La respuesta es sencilla: muy pobre, dejaron mucho que desear y su desempeño en el Congreso se reduce a la presentación de exhortos e iniciativas de poca trascendencia y en muchos casos inviables.

En el ámbito legislativo se sabe que los exhortos que el Congreso hace a dependencias, instituciones gubernamentales e inclusive gobiernos de los estados, son como las llamadas a misa: el que quiere va y el que no, pues simplemente no va.

Esto lo decimos porque el desempeño de muchos diputados y senadores se reduce simplemente a subirse a la tribuna para hacer exhortos a una u otra dependencia sin que haya respuesta alguna y a presentar iniciativas sin ninguna trascendencia.

La mayoría de los legisladores se dedican a hacer relaciones públicas para amarrar un hueso una vez concluida la legislatura; la elaboración de leyes que aporte beneficios a los electores a quienes les deben su cargo, se convierte en asunto secundario.

Ejemplo de lo anterior es el desempeño de quien fuera gobernador de Quintana Roo (2005-2011), el senador priista Félix Arturo González Canto, quien intentó llegar a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, pero la drástica caída del PRI en las recientes elecciones le cerraron las puertas.

Por más que se acercó al jefe de la bancada tricolor en el Senado de la República, el yucateco y viejo lobo de mar, Emilio Gamboa Patrón, no pudo llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Entre las iniciativas presentadas por González Canto figura la que adiciona un capítulo IX al título octavo del Código Penal Federal, para imponer condena de ocho a 12 años de prisión a quien mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación contacte a un menor de 18 años de edad para concertar un encuentro y cometer contra el menor delitos como la explotación sexual.

Otra de sus iniciativas es para reformar y derogar diversas disposiciones del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para suprimir la ratificación por parte de Senado del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Las iniciativas fueron enviadas a comisiones.

Sin embargo, González Canto no se puede librar de las investigaciones que pesan en su contra por parte de la Procuraduría General de la República a cargo de Alberto Elías Beltrán.

Ha venido sorteando la acción de la justicia en forma habilidosa y el Senado le ha servido para mantener el fuero y evadir la ley.

Las indagaciones de la PGR tienen que ver con el fraudulento remate de 165 predios que eran patrimonio del estado y que fueron entregados a empresarios, funcionarios y diversas personas, en la mayoría de los casos, a precios subvaluados.

El fuero de Félix González concluye el próximo 31 de agosto, y desde ese día deberá enfrentar la justicia como cualquier ciudadano, al menos eso espera la sociedad quintanarroense.

PENDIENTES DE DICTAMINAR MÁS DE LA MITAD DE INICIATIVAS

El pésimo desempeño de quienes integran la legislatura que está por terminar se comprueba con las cifras que refieren que en el Senado existen tres mil 846 iniciativas y propuestas con punto de acuerdo, de las cuales quedarán pendientes mil 981, es decir, el 51.5 por ciento.

Además, los coordinadores parlamentarios acordaron desechar mil 471 iniciativas presentadas en las dos recientes legislaturas, mismas que tampoco fueron dictaminadas.

Los nuevos senadores que comenzarán sus trabajos el próximo 1 de septiembre, sólo encontrarán 610 iniciativas pendientes de dictamen, mismas que fueron presentadas en el último año de la LXIII legislatura.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, otro caso de gris desempeño en el Senado es el de la ex perredista y ahora del Partido del Trabajo, Luz María Beristain Navarrete, quien ha presentado algunos puntos de acuerdo que en verdad tienen una trascendencia mínima.

Como ejemplo tenemos el punto de acuerdo en el que exhortó al Gobierno de Quintana Roo a que realizara las acciones necesarias para mantener el funcionamiento dela escuela secundaria técnica pesquera número 7 "Primero de Junio", del municipio de Puerto Morelos. Un asunto de muy poca importancia.

Beristain Navarrete, es mejor conocida como #LadySenadora, por el escándalo que armó en mayo de 2013 al difundirse a través de las redes sociales un video donde tiene un altercado con una empleada de la aerolínea "Viva Aerobús" en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

La empleada no le permitió abordar el avión por haber llegado tarde y la senadora exigió de una manera prepotente se le permitiera subir a la aeronave.

En el pobre trabajo legislativo realizado por la senadora Beristain tenemos el exhorto dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que exhiba la Manifestación de Impacto

Ambiental en las construcciones del malecón de tajamar, municipio de Benito Juárez y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que investigue las anomalías que permitieron el desmonte de manglar y el menoscabo a la biodiversidad que se ha ocasionado. No hay mucho que se pueda rescatar el trabajo legislativo de Luz María Beristain.

Del senador Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM, quien es suplente de Jorge Emilio González Martínez, miembro de la familia propietaria del Partido, presentó en mayo pasado un punto de acuerdo que a decir verdad pareciera que el legislador es un simple gestor de trámites burocráticos.

Aréchiga presentó un escrito para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, fortalezcan los operativos de vigilancia y limpieza en las playas de X'cacel y X'cacelito.

VOLUMINOSO REZAGO EN SAN LÁZARO

En la Cámara de Diputados, los legisladores por Quintana Roo igualmente tuvieron una participación opaca y sin una presencia destacada.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro existen más de cuatro mil 700 iniciativas y propuestas con punto de acuerdo que quedaron pendientes por dictaminar en las diferentes comisiones.

Entre los diputados quintanarroenses también hay casos que denotan falta de ética y compromiso con el electorado, como es el de la priista, Arlet Mólgora Glover, quien en noviembre pasado fue criticada por participar en el polémico grito de '¡eeehh puto!' en el Pleno la Cámara de Diputados para censurar al diputado de Morena, Ariel Juárez, que hacía uso de la palabra desde la tribuna.

La priista se defendió y dijo que lo que gritaron al diputado Juárez fue 'bruto' y que fue en respuesta a que supuestamente este legislador, había ofendido a una compañera diputada.

Entre los puntos de acuerdo presentados por la diputada no hay algo que valga la pena y sea digno de una legisladora de nivel.

En uno de ellos solicita hacer un reconocimiento público a los integrantes del Proyecto Gran Acuífero Maya y al INAH, por haber descubierto la cueva inundada más grande del mundo; asimismo, se exhorta a las dependencias respectivas del Gobierno Federal a garantizar su protección y preservación.

Otro punto de acuerdo, es aquel por el que se exhorta a la CNBV a investigar y, en su caso, sancionar y difundir la compraventa de inmuebles de los bancos Bankia y Caixabank, por el presunto fraude inmobiliario en Playa del Carmen y la Riviera Maya.

La también priista Sara Latife Ruíz Chávez presentó en septiembre pasado dos puntos de acuerdo que fueron rechazados. Uno se refiere al exhorto a los congresos locales a homologar sus definiciones y sanciones en los tipos penales de allanamiento de morada.

El otro exhorta a la SHCP a establecer un programa de financiamiento y de estímulos fiscales en materia del ISR, IVA, Cuotas Obrero Patronales, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios e Impuesto al Comercio Exterior, a favor de las empresas que radiquen en la Zona Sur de Quintana Roo.

La ineficiencia de los integrantes de la LXIII Legislatura se puede constatar con las siguientes cifras: de los cinco mil 987 asuntos presentados por los diputados, sólo 876 se aprobaron, mientras que mil 472 fueron desechados, entre los que se encuentran las citadas líneas arriba presentados por Ruiz Chávez.

GRIS DESEMPEÑO DE DIPUTADOS

Un caso que llama la atención es el de la diputada del Partido Verde, Paloma Canales Suárez, quien entre mayo y junio pasados presentó nada menos que 20 puntos de acuerdo como si quisiera demostrar – a unos meses de concluir la legislatura- su "trabajo" en el Congreso.

Entre los puntos de acuerdo presentados por Canales Suárez está el que exhorta a los gobiernos estatales y a las coordinaciones metropolitanas a implementar planes y estrategias a fin de garantizarles seguridad, en sus bienes y en sus personas, a los usuarios del transporte público de cada una de las 74 zonas metropolitanas que existen en el país. Como vemos nada de trascendencia.

La panista Patricia Sánchez Carrillo, presentó en octubre pasado el punto de acuerdo relativo a reforzar las acciones y las campañas de información, a efecto de prevenir, atender y controlar de forma oportuna la existencia y transmisión de la conjuntivitis en Quintana Roo.

Basta recordar que legisladora local en dos ocasiones, ex presidenta estatal del PAN, ex regidora del ayuntamiento de Benito Juárez, tomó bando en la división del PAN a la salida de Margarita Zavala, cuando dijo que la renuncia de la esposa del ex presidente Calderón, era una bola cantada, algo que el partido ya esperaba, pero de su labor legislativa no hay mucho que rescatar.

La diputada perredista y ex vocera del ayuntamiento de Benito Juárez, Isaura Ivanova Pool Pech, quien llegó a San Lázaro por la vía plurinominal, presentó en mayo pasado la propuesta para reformar la Ley de Migración, a fin de que extranjeros soliciten refugio o asilo político en México, previa información sobre sus derechos por parte de las autoridades.

Mario Machuca Sánchez, del PVEM, suplente de Remberto Estrada, y quien tiró la toalla en la contienda por la candidatura a la presidencia municipal en Benito Juárez, es uno de los peor evaluados por sus bajas aptitudes legislativas.

Machuca presentó el pasado 4 de julio el punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Quintana Roo, a las autoridades del estado y a las municipales a proteger el derecho humano al agua de los habitantes de los diversos municipios.

Un punto de acuerdo que muchos calificaron de inviable, pues leyes y reglamentos estipulan el derecho al vital líquido.

De los diputados Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza y José Luis Toledo Medina (sin partido, pero con una larga trayectoria en el PRI), tampoco hay mucho que se pueda rescatar sobre su rendimiento en la Cámara de Diputados.

El desempeño legislativo comprende la eficiencia y productividad de los legisladores que se mide según el promedio de aprobación de iniciativas y puntos de acuerdo, así como su asistencia a las sesiones del Pleno y comisiones, pero como vemos el trabajo de los senadores y diputados por Quintana Roo resultó en verdad decepcionante.

LA MAFIA DE ANDRÉS DESPLAZA A LA MAFIA DEL PODER

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STAFF SOL QUINTANA ROO/STAFF SOL YUCATAN

Los virreyes de AMLO, como son llamados los delegados de la Federación en las entidades del país, son el claro ejemplo de un gobierno de cuates y de cuotas, aquello que el futuro Presidente de México tanto cuestionó de los mandatarios del PRI y del PAN. Verónica Díaz, secretaria del senador, Ricardo Monreal como delegada en Zacatecas y Aldo Ruiz, ex vocero del movimiento #YoSoy132, figuran entre los codiciados nombramientos, siendo la muestra del amiguismo y compadrazgo que predominarán en la próxima administración.

Los gobiernos de los estados recibieron este año un billón 791 mil 804.1 millones de pesos de la Federación, recursos en donde no intervienen los delegados federales, pues estos se canalizan a través de la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, lo que está a discusión y en tela de juicio no es el uso de los dineros por parte de los virreyes de López Obrador, sino el contrapeso político que implica para los gobernadores la intervención de tales funcionarios que tendrán la facultad de autorizar y supervisar la aplicación de los programas sociales.

Los delegados de López Obrador violentan la soberanía de los Estados, quienes tienen la facultad legal inalienable, exclusiva y suprema, de ejercer el poder dentro de su territorio a través de sus gobernadores.

Estos "virreyes" tendrán comunicación directa con el Presidente de México y realizarán acuerdos con los Secretarios de Estado. La mayoría son cuadros políticos del partido que tendrá el poder: dirigentes estatales, legisladores y ex legisladores de Morena.

En realidad serán los operadores electorales y políticos del Gobierno Federal y una vez asentados en las entidades se impondrán como gobernadores de facto.

Es la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para perpetuarse en el poder más allá de 2018 detrás de la Silla Presidencial, sobre todo por el poderío absoluto que ostentará a partir del próximo 1 de diciembre al tener mayoría en el Congreso de la Unión. Los delegados serán sus ojos, oídos y boca en los estados.

Entre ellos hay legisladores electos, dirigentes locales del Movimiento de Regeneración Nacional, ex coordinadores regionales de campaña y figuras del círculo más cercano de amigos de Andrés Manuel López Obrador, quienes suplirán las funciones de los delegados federales en los estados y en la Ciudad de México.

Para sustentar nuestras afirmaciones de que se trata de un gobierno de cuates y de cuotas tenemos los ejemplos de Arturo Abreu, en Quintana Roo, quien ha sido cobijado por el futuro Presidente de México desde que estuvo al frente de la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Otros casos son los de Delfina Gómez en el Estado de México, Pablo Amilcar Sandoval en Guerrero, Carlos Lomelí en Jalisco, Lorena Cuéllar en Tlaxcala y Joaquín Díaz Mena en Yucatán.

También tenemos a Rabindranath Salazar en Morelos, y Rodrigo Abdalá en Puebla, quienes fueron candidatos de Morena pero perdieron las internas ante Cuauhtémoc Blanco y Miguel Barbosa, respectivamente. Es el premio de consolación –nada despreciable- para los amigos del tabasqueño que perdieron en las elecciones para gobernador del pasado 1 de julio.

Delegados, el brazo ejecutor del Presidente

Una vez que Andrés Manuel López Obrador resultó ganador de la Presidencia de México, enseñó el colmillo político y extendió el brazo ejecutor para imponer una autoridad paralela a los gobernadores de los estados de la República.

La desaparición de todas las delegaciones de las secretarías de Estado y dependencias federales que operan en las entidades, siembra el poder absoluto del futuro Presidente de la República.

Los recursos que la Federación entrega anualmente a las entidades fluyen por esos conductos que son los delegados con los que los gobernadores y alcaldes tienen que negociar, pues son los intermediarios políticos y presupuestales para conseguir que les bajen el dinero.

Los planes de López Obrador son ejercer el control político –además del económico- y prueba de ello es que entre los nombramientos de delegados aparecen personajes de perfil cien por ciento político, que se alejan mucho de ser administradores de recursos financieros o supervisores de obras públicas o de desarrollo social de carácter federal.

¿Podrá un gobernador lidiar con un delegado resentido y con sed de venganza a quien derrotó en las pasadas elecciones?

¿Cuál será el papel que desempeñarán los mandatarios estatales al tener que negociar los recursos con un funcionario que representa no solo a la Federación, sino que actúa bajo las órdenes directas de López Obrador, sobre todo en aquellas entidades donde los gobernadores son de un partido ajeno a Morena?

No hay duda que Andrés Manuel López Obrador tendrá una injerencia directa en todos los asuntos internos de los estados, sobre todo en aquellos que tradicionalmente se han utilizado con fines electorales como son los programas sociales.

Ejemplos de ese contrapeso político son los de Joaquín Díaz Mena, quien perdió en Yucatán frente a Mauricio Vila Dosal; de Delfina Gómez, en el Estado de México, a quien el priista Alfredo del Mazo de ganó la gubernatura, y Carlos Lomelí Bolaños, que también perdió en Jalisco frente a Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano.

Todo esto tiene tufo a la creación de poderosos y politizados vicegobernadores que les disputarán los reflectores y los méritos a gobernadores legitimados por el voto del electorado, pues el cargo les servirá de plataforma para buscar la revancha en las próximas elecciones con la bendición del patrón de Palacio Nacional.

Así de simple, esa es la intención del político tabasqueño con la creación de los delegados únicos, lo demás es pura retórica.

Algunos gobernadores rechazan a delegados

Las funciones que desempeñarán han sido severamente cuestionadas e incluso han sido rechazados por algunos gobernadores. Los delegados de Programas Integrales de Desarrollo centralizan el poder y atentan contra el Pacto Federal que rige el actual sistema de gobierno.

Los mandatarios Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán; Jaime Rodríguez (independiente), de Nuevo León; Javier Corral (PAN), de Chihuahua; Héctor Astudillo (PRI), de Guerrero; y Miguel Márquez (PAN), de Guanajuato, así como los gobernadores electos de Jalisco, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco (Morena), rechazaron a los enviados de López Obrador.

Se dice que los Delegados de Programas Integrales de Desarrollo, antes llamados Coordinadores Estatales, carecen de facultades para manejar recursos presupuestales, y que sus funciones se centrarán en supervisar programas, planes y obras de desarrollo, pero en la práctica diaria de la política todos veremos que serán un poder paralelo a los gobernadores y su fuerza radicará en la cercanía con el Presidente de la República y la línea directa con los Secretarios de Estado.

SE VIENE ABAJO UNA MÁS DE SUS PROMESAS, EL PRESIDENCIAL, EL AVIÓN QUE NO VENDERÁ AMLO

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*Para cuando López Obrador tome protesta como presidente de México, se habrá pagado menos del 20 por ciento del costo total del avión presidencial, y al concluir su administración todavía faltarán tres años para poder venderlo, pues el contrato de compra mediante arrendamiento financiero concluye hasta 2027. Su venta, una más de sus mentiras.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México.- A lo largo de su campaña por la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador prometió al electorado que una vez llegando al Palacio Nacional vendería el avión presidencial (Boeing 787-8 Dreamliner) al considerarlo sumamente costoso y una ofensa para los mexicanos.
Sin embargo, al igual que en otros ofrecimientos como bajar el precio de las gasolinas, el presidente electo no podrá cumplir su palabra.

Desde la primera ocasión en que aseguró que llegando a la Presidencia de México vendería la aeronave que utiliza el aún presidente Peña Nieto, López Obrador demostró su ignorancia y desconocimiento sobre los términos en que fue adquirida por el Gobierno de México.
López Obrador asumirá la Presidencia de la Republica el próximo 1 de diciembre, y para esa fecha solamente se habrá cubierto el 19.18 por ciento del costo total de la aeronave, que a precios del 2018 asciende a siete mil 560 millones 72 mil 713 pesos.
Cubiertos 560 millones 46 mil 933 pesos de inversión programada este año para dicha adquisición, se habrán pagado un mil 450 millones 393 mil 068 pesos en forma acumulada durante seis años. Pero aún se tendrá un adeudo por seis mil 109 millones 679 mil 645 pesos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, se aprobó una inversión por 451 millones 492 mil 004 pesos para financiar la compra de la citada aeronave.
Cada año el costo de la aeronave, financiada a 15 años, aumenta, como ha sucedido desde el 2013, año en que se realizó el primer pago anual.
El avión presidencial no podrá venderse sino hasta dentro de nueve años, es decir hasta el 2027, año en que concluye el contrato de arrendamiento financiero que se firmó con la compañía fabricante.

Cuando concluya el contrato –fecha en que López Obrador ya no será presidente, pues su administración termina en 2024- el avión pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
López Obrador tendrá que utilizarlo, pero como seguramente no lo hará por considerarlo un agravio para el pueblo, de todas formas tendrá que seguirse pagando.

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

El costo total del avión presidencial que ofreció vender López Obrador incluyendo ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina, certificaciones y un paquete de refacciones, fue de 218.7 millones de dólares, o sea poco más de siete mil 560 millones de pesos a precios actuales.
El arrendamiento financiero, alquiler con derecho de compra, es un contrato mediante el cual el arrendador (fabricante del avión) traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario (Gobierno Federal), a cambio del pago de rentas durante un plazo determinado (en este caso 15 años), al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato.
El arrendamiento financiero es el instrumento comúnmente utilizado para la compra de este tipo de activos, que permite diferir su pago en el tiempo y con ello reducir el impacto presupuestal en un momento determinado, a fin de no afectar otros rubros del gasto público.

La mecánica fue la siguiente: el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) le otorgó un crédito a la Secretaría de la Defensa Nacional en la operación de arrendamiento financiero para la adquisición de la aeronave, lo que significa que el Ejército habrá de amortizarlo con el tiempo.
La compra del avión presidencial fue acordada en el 2012, durante el último año de gobierno de Felipe Calderón, por seis mil 94 millones 689 mil 887 pesos en total.
En el 2014, la deuda ya era por seis mil 308 millones 491 mil 331 pesos. Durante el tercer año de la administración de Peña Nieto, en el 2015, se cubrieron 410 millones 510 mil 427 pesos de seis mil 769 millones 996 mil 885 pesos que ya se debían a esa fecha.
En el 2016, la deuda ascendía a seis mil 983 millones 251 mil 790 pesos. El año pasado la deuda sumaba siete mil 214 millones 686 mil 82 pesos.

Hasta mayo pasado, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se habían destinado para el pago de la aeronave 179 millones 687 mil 408 pesos, de un monto de inversión para todo el año programada por 560 millones 46 mil 933 pesos.

DE LA TRAGEDIA A LA COMPRA

El 11 de noviembre de 2011, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, murió en un trágico accidente a bordo de un helicóptero del Estado Mayor Presidencial que se estrelló en Chalco, Estado de México, en el que también perdieron la vida los acompañantes del funcionario y de los miembros de la tripulación.
A partir de esa tragedia, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012 (aprobado en septiembre de 2011), los diputados exhortaron al Gobierno Federal a que hiciera los ajustes presupuestales para renovar el avión, así como el resto de las aeronaves asignadas a la Presidencia de la República.
Lo anterior fue con el propósito de garantizar la seguridad del Presidente de la República y los secretarios de despacho de la administración pública federal.

En atención al exhorto del Congreso, y con base en la evaluación técnica y operativa realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como en las condiciones económicas analizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en noviembre de 2012 el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) concretó el contrato de arrendamiento financiero de la aeronave Boeing 787-8.