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jueves, 21 marzo 2019

¡100 DÍAS DE DESATINOS!

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ABUCHEOS-AMLO

*Los primeros 100 días de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han caracterizado más por una serie de desaciertos que por un proyecto de gobierno claro y definido. Como principales yerros tenemos la cancelación del aeropuerto de Texcoco, un proyecto de primer mundo que se echó abajo para darle paso a un sistema aeroportuario tercermundista inoperante e inviable; el combate al robo de combustible que causó desabasto de gasolinas en 10 estados de la República ocasionando pérdidas económicas para la industria y el comercio por 39 mil millones de pesos; la desaparición del Programa de Estancias Infantiles que afectó a más de 330 mil niñas y niños y que provocará el cierre de la mayor parte de las nueve mil 500 guarderías que existen en el país; y ni qué decir del despido indiscriminado de cerca de 230 mil burócratas bajo la bandera de la austeridad republicana. Estos son, sin duda, unos cuantos ejemplos de una serie de errores que han afectado a amplios sectores de la población en tan escaso tiempo de gobierno.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México.- A 100 días de la nueva administración, el país navega en la incertidumbre financiera, la disminución del crecimiento económico y la incontenible inseguridad, fenómenos que se suman a los planteamientos vagos y confusos de un presidente que no define con claridad su proyecto de gobierno.

El presidente López Obrador llegó al Palacio Nacional luego de manipular a su antojo los hilos de la política y la administración pública durante los meses previos a su toma de protesta y de haber

tomado decisiones de trascendencia para el país, pese a no ocupar todavía el cargo de titular del Ejecutivo federal como fue la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco.

Hacer que funcione el Sistema Metropolitano de Aeropuertos propuesto por el presidente será más que imposible, según los expertos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, las conexiones a Toluca, a 70 kilómetros de la ciudad, serán casi imposibles, y convertir la base militar de Santa Lucía en un aeropuerto comercial implica mucho tiempo y una inversión significativa, opinó Alexandre de Juniac, director general de la IATA (por sus siglas en inglés), máxima autoridad en materia aeroportuaria a nivel mundial.

Las aerolíneas internacionales que operan en México están preocupadas por la seguridad y flujo del espacio aéreo cuando se concrete el sistema de tres aeropuertos que se pretende poner en operación en las terminales de la Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca, aunque habrá que recordar que el presidente tuvo la ocurrencia de incorporar a la red una terminal en Tizayuca, Hidalgo.

Luego de destacar las complejidades técnicas, la IATA reiteró que cancelar el aeropuerto de Texcoco eliminó la posibilidad de crear 200 mil empleos y frenó dos mil millones de dólares en inversión para el próximo año.

No obstante, Alexandre de Juniac, dijo que la IATA pone a disposición del gobierno mexicano su conocimiento para ayudar a resolver una demanda que aumentará 3.6 por ciento por año.

Otra pésima decisión gubernamental que arrojó miles de millones de pesos en pérdidas económicas al afectar la actividad comercial e industrial del país, fue el desabasto de gasolinas y diésel provocado por el combate al robo de combustible, el llamado “huachicoleo”.

Un reporte de Citibanamex estimó una pérdida bruta en el PIB atribuida a la escasez de combustible de alrededor de 39 mil millones de pesos.

Lo que a la fecha nadie ha entendido es porqué si el 80 por ciento del robo de combustible se realizaba desde las instalaciones de Pemex y el restante 20 por ciento a través de la ordeña de ductos en los diversos estados de la República, el presidente López Obraros decidió cerrar los ductos y a la fecha ningún alto funcionario de la petrolera ha sido llevado a prisión, incluido por supuesto el líder sindical Carlos Romero Deschamps, quien ha sido señalado de estar involucrado en robo y mercado negro de combustibles.

El plan aplicado por el presidente López Obrador generó un caos sin precedentes por el desabasto de combustible que ocasionó el cierre temporal de centenares de gasolineras en 10 entidades del país.

Niñez desprotegida por cancelación de estancias

Una más de las determinaciones que mayormente afectaron a la población es sin duda la desaparición del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, instancia que el año pasado ejerció un gasto superior a los cuatro mil 70 millones de pesos y que para este 2019 bajó a dos mil 41 millones.

López Obrador ordenó desaparecer el citado programa y a cambio otorgar de manera directa el dinero a los padres de los niños (mil 600 pesos bimestrales por cada hijo), lo cual podría provocar el cierre definitivo de las nueve mil 500 estancias infantiles que existen en el país.

Por si esto no fuera suficiente, con la publicación de las nuevas reglas de operación del Programa de Apoyo de las Niñas, Niños e Hijos de Madres Trabajadoras (como ahora lo denomina el presidente López Obrador) no sólo se quita el apoyo a las estancias infantiles, sino que también aquellas que tengan menos de un año de operación tendrán que devolver el dinero de subsidio que recibieron de parte de la Federación.

La decisión del presidente López Obrador es considerada como un atentado no solo a la población económicamente activa, pues madres y padres se verán afectados en su actividad laboral y profesional, sino también al desarrollo y educación de 330 mil niñas y niños de todo el país.

Con la desaparición de las estancias y la poda presupuestal no sólo se pone en riesgo a los infantes, sino que también se vulnera el derecho de las madres a conciliar su vida familiar, laboral y profesional, y de paso les quita empleos a las responsables de las estancias.

Madres de familia, responsables de estancias y miembros de organismos no gubernamentales coinciden en que la decisión del presidente es una medida regresiva en el goce de un derecho de libertad del trabajo, protección social y el interés superior de la niñez.

Solicitaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga y emita una recomendación a fin de evitar que se sigan vulnerando las garantías individuales, y pidieron que se dicten medidas cautelares de manera urgente y se eliminen de inmediato las reglas de operación publicadas.

La entrega directa de dinero a los padres en lugar de a las estancias infantiles, lo único que le garantiza al presidente López Obrador es clientela electoral, a costa del abandono del desarrollo y la educación de la niñez mexicana.

Pero tal vez una de las decisiones erráticas tomadas por la nueva administración en estos primeros 100 días de gobierno que más fue objeto del rechazo de la sociedad, es sin duda el despido de miles de trabajadores del servicio público.

La austeridad republicana le causó graves estragos a la burocracia, pues se estima que cerca de 230 mil empleados de confianza se quedaron sin empleo; literalmente fueron echados a la calle.

En total existen 319 entidades públicas donde laboraban un total de millón 567 mil servidores públicos, de los cuales poco más del 20 por ciento ocupa puestos de confianza, resultando este sector el más afectado por los despidos ordenados por el titular del Ejecutivo. Estamos hablando de casi 350 mil burócratas.

El recorte del 70 por ciento de las plazas de confianza implicó el despido de algo así como 222 mil 600 personas.

Las nuevas reglas para aquellos burócratas de confianza que sobrevivieron a los despidos incluyen contar con ocho horas de trabajo y tener un solo día de descanso a la semana.

Además, no tendrán viáticos, se eliminará la caja de ahorro especial y el seguro de Separación Individualizada, no podrán recibir regalos superiores a los cinco mil pesos, no habrá bonos y el salario será integral.

La primera contradicción del presidente al iniciar su administración fue cubrir con el manto de la impunidad a los corruptos de los gobiernos de Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox; perdón y olvido en el que el grueso de la ciudadanía estuvo en desacuerdo, pues durante su campaña prometió llevar a la cárcel a todos aquellos funcionarios que saquearon las arcas públicas para enriquecerse inexplicable e ilícitamente.

En los primeros días de su gobierno, López Obrador se confrontó con miembros del Poder Judicial a quienes presionó y amedrentó incluso con simpatizantes de su partido Morena en las afueras de la Suprema Corte, quienes de manera beligerante insultaron a los ministros del máximo tribunal de justicia.

A la fecha, la entrada principal de la Suprema Corte sigue bloqueada por simpatizantes del partido propiedad del presidente de México.

Invadiendo esferas que no son de su competencia, pero sobre todo ignorando la separación de poderes, el presidente obligó a jueces, magistrados, ministros y todos los integrantes del Poder Judicial a bajarse el sueldo, pues nadie puede ganar más que el Presidente, imponiéndose él mismo un salario de 108 mil pesos mensuales.

No es que avalemos los salarios exorbitantes, insultantes para la mayoría de los mexicanos, que perciben los ministros de la Suprema Corte, lo que si se reprueba son las imposiciones arbitrarias y dictatoriales, pues al igual que se recortó sueldos a los integrantes del Poder Judicial y despidió injustificadamente a miles de burócratas, ordenó la desaparición del programa de estancias infantiles sin importar las afectaciones al desarrollo y educación de la niñez mexicana.

El presidente López Obrador alentó la confrontación con el Poder Judicial generada por la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, pero en el fondo puso en evidencia su propósito de tener el control absoluto sobre los tres poderes de la Unión.

Otra de sus incoherencias es la creación de la Guardia Nacional, que si bien la corporación dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –mando civil- no regresa a los elementos del Ejército a los cuarteles, tal y como lo prometió en varias ocasiones en actos públicos y eventos de campaña proselitista.

El Tren Maya, sin proyecto ejecutivo

El caso del Tren Maya, que pretende ser la obra insigne de su gobierno y que miles de desempleados acudieron al municipio de Palenque, Chiapas, a solicitar un trabajo pensando que ya era un hecho y habría contrataciones, todo ha sido producto de la imaginación del Presidente.

A la fecha no hay un proyecto ejecutivo que permita analizar la viabilidad financiera del plan y prueba de ello es la declaración de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, quien explicó que si no hay un estudio de impacto ambiental del Tren Maya, es porque no existe ningún proyecto sobre su construcción.

“Todo es imaginario”, dijo la funcionaria ante diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente que la cuestionaron sobre el impacto ecológico del tren.

Al declararle el fin de la guerra a los capos de la droga y asegurar que no es su objetivo perseguirlos, el presidente les ha mandado el mensaje de una amnistía, ignorando las decenas de miles de víctimas mortales, desde ciudadanos hasta elementos de las Fuerzas Armadas y de la diversas corporaciones que perdieron la vida a manos de narcotraficantes.

López Obrador perdonó a los capos y les dio garantías de que no los perseguirá.

Cuando el presidente anunció el aumento salarial del 100 por ciento para la frontera norte ignoró los efectos que tal medida acarrearía. En Matamoros, Tamaulipas, un total de 15 industrias maquiladoras decidieron abandonar el país ante la imposibilidad de pagar el incremento anunciado; igualmente, trabajadores de 45 maquiladoras (en su mayoría de los sectores automotriz y electrónico) y de 27 empresas de diferentes ramos se fueron a la huelga porque sus patrones incumplieron con el pago; además, existe el riesgo latente de la pérdida de miles empleos.

El desajuste económico provocado por las medidas del Presidente es evidente. Las industrias que abandonarán el país en un plazo de seis a nueve meses generan más de 30 mil empleos.

Joyson Safety System cerró su planta en Matamoros y tras el cierre alrededor de 550 empleados fueron liquidados.

Rolando González Barrón, presidente del Consejo de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación, señaló que al menos 17 empresas aún siguen con paros en sus instalaciones que afectan la productividad.

"Es una devastación económica que significa mucho desempleo, la afectación va ir repercutiendo en las cadenas productivas, proveedores, servicios, porque va a ser mucha gente desempleada, los efectos más duros van a verse en dos o tres años", explicó.

El movimiento laboral en Matamoros tiene a muchos de sus empleados, a través de sus sindicatos, exigiendo a los patrones un incremento salarial del 20 por ciento, y un bono anual de 32 mil pesos, prestaciones que ya se han otorgado en otras empresas para calmar las protestas masivas.

En contraparte, varias firmas importantes han decidido dejar la ciudad fronteriza al no sentirse en condiciones de cumplir con las demandas. Es el efecto de las decisiones no pensadas del presidente AMLO.

Tal vez por este tipo de decisiones a la ligera la calificadora Standar & Poor’s bajó la perspectiva de la calificación de México de estable a negativa, alertando de un menor crecimiento económico, en lo que coincide incluso también el Banco de México.

La firma explicó que el cambio en las políticas del gobierno de López Obrador para reducir la participación de la iniciativa privada en el sector energético y otros proyectos, han llevado a una caída en la inversión y la confianza, lo que podría contribuir a una mayor carga en la deuda y disminuir sus perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y apenas van 100 días.

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