Banner
Banner
Banner
Banner

lunes, 17 junio 2019

MÁS SAQUEOS DE BORGE

  • PDF

Docto3

Pagos a personal no autorizado, gastos sin comprobar, sobreprecio de obras y falta de penalización por incumplimientos de proveedores son algunas de las irregularidades que derivaron en 58 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas 2012, 2013 y 2014 de la administración del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, cuyos montos ascienden a 2,486 millones 702,754 pesos.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México.- De acuerdo con los dictámenes de la Auditoría Superior de la federación, uno de los principales responsables es Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Hacienda del gobierno del estado de Quintana Roo y secretario de Finanzas y Planeación durante el ejercicio 2013.

La ASF señala que el funcionario no llevó una adecuada administración de los recursos recibidos por la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Quintana Roo, a través de los convenios de apoyos financieros.

Durante su gestión, señala, dicha dependencia transfirió los recursos a diversas cuentas de los entes ejecutores. Sin embargo, la entidad federativa no presentó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.

Prueba de ello es la revisión del manejo de más de 405 millones 24 mil pesos que fueron destinados para los Servicios Educativos de Quintana Roo, mismos que deberían ser aplicados en nómina del personal docente, educación básica, Colegio de Bachilleres y la Universidad de Quintana Roo.

El rubro que registró un monto mayor de posibles anomalías —de acuerdo con una revisión realizada por Expansión al Sistema Público de Consultas de Auditorías de la ASF— fue el de transferencias a cuentas bancarias distintas a las autorizadas o sin comprobantes, con un total de 1,713 millones 825,839 pesos.

Del total, 1,400 millones de pesos corresponden a la cuenta pública 2013, y están asentados en la auditoría 729, que derivó en la emisión de un pliego de observaciones, con clave de acción 13-A-23000-02-0729-06-002, del cual Sol Quinta Roo tiene una copia.

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 1,400,000,000.00 (...) más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación por conceptos de recursos federales transferidos a otras cuentas bancarias y de los cuales la entidad fiscalizada no comprobó ni justificó el destino final de los recursos ni evidencia que los gastos fueron pagados con los recursos federales ministrados, se detalla en los documentos.

Del total de 58 señalamientos realizados por el órgano fiscalizador a la entidad, 14 están relacionados con pagos que efectuó la autoridad a personal no autorizado, cuya erogación asciende a 118 millones 648,687 pesos.

La mayor en este rubro fue realizada en 2012, cuando la administración estatal destinó un total de 102 millones 567,433 pesos de recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) para el pago a 21,950 trabajadores por percepciones que incumplían con la normatividad. Así se señala en la observación derivada de la auditoría 529 (clave de acción 12-A-23000-14-0529-06-007).

En esa cuenta pública, la de 2012, se documentó el mayor número de irregularidades, con 27, las cuales alcanzaron un monto de 675 millones 322,484 pesos.

Por gastos no comprobados, el Gobierno de Quintana Roo registra seis observaciones que, en conjunto, suman un total de 275 millones 562,821. La mayor de éstas —220 millones 129,999.70 pesos— se emitió por no haber comprobado con documentos el destino de los recursos del FAEB, según se señala en la observación correspondiente a la auditoría 529 (clave de acción 12-A-23000-14-0529-06-007).

Otras 12 anomalías están relacionadas con la falta de reintegro de recursos por parte de la administración estatal de fondos federales que no fueron devengados o de los que quedaron saldos pendientes respecto del gasto efectuado. En este rubro, el importe total fue de 340 millones 321,573.46.

La mayoría de observaciones por este concepto se registraron en 2013 con siete, una de las cuales fue por 126 millones 669,203 pesos, y consta en la auditoría 1144 (clave de acción 13-A-23000-14-0502-06-0002).

El resto de las irregularidades detectadas tienen que ver con conceptos como gastos no devengados, por 143 millones 241,298 pesos; la compra de medicamentos a sobreprecio no autorizados, por 12 millones 166,027 pesos; la no penalización a contratistas por incumplimientos, por 1 millón 576,077 pesos, así como obras inconclusas o a sobreprecio, 3 millones 102,194 pesos.

A estas observaciones podrían sumarse otras derivadas de las revisiones a las cuentas públicas 2015 y 2016, una vez que la ASF las integre.

Derivado de estas observaciones, se detalla en el Informe de la Cuenta Pública 2014, el Gobierno de Quintana Roo —que este domingo cambiará de administración cuando Carlos Joaquín rinda protesta como gobernador— debe regresar los fondos correspondientes o presentar la documentación que compruebe su correcto gasto, la cual será revisada por la ASF para su aval.

La conclusión del proceso puede tardar hasta dos años y, de incumplir con la normatividad, se iniciaría un procedimiento para fincar las responsabilidades correspondientes e indemnizaciones monetarias. En el caso de que persistan las irregularidades, y si cuenta con elementos de ley suficientes, la ASF puede presentar una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).

El gobierno de Borge ha sido vinculado a casos de presunta corrupción, como la red de funcionarios ligados al mandatario que operan despojos a través de juicios amañados y desalojos de predios e inmuebles a particulares en las zonas turísticas de Tulum, Cancún y Playa del Carmen, documentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en la investigación "Los Piratas de Borge".

Borge había puesto en marcha una serie de acciones para protegerse ante posibles investigaciones en su contra, tales como la reducción de penas a servidores públicos que incurrieran en delitos como peculado y cohecho, las cuales fueron revertidas por el Congreso del estado, así como la designación de funcionarios encargados de la investigación de actos de corrupción y dentro de instancias como la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal Superior de Justicia; algunas de estas medidas fueron impungadas por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una acción de inconstitucionalidad aún bajo análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para poder lograr su objetivo de saquear las arcas del estado, Roberto Borge Angulo formó una red de más de 50 personas que a diario saquearon las arcas quintanarroenses durante cinco años, llegando a la cifra de 16 mil millones de pesos. 667.4 millones de pesos por mes 22.2 mdp al día 926,944 pesos por hora.

Los recursos corresponden a partidas destinadas a programas y acciones de gobierno no realizadas, a fondos enviados a cuentas bancarias ajenas a las dependencias y a la venta ilegal del patrimonio inmobiliario del estado", dice el especial.

La cifra podría crecer, ya que la Auditoría Superior del Estado (ASE) en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), realizan revisiones a las Cuentas Públicas de los últimos dos años del quinquenio de Roberto Borge.

16 mil millones de pesos es el estimado del desfalco al erario; 23 mil 450 millones de pesos de deuda pública dejó Borge; mientras que obtuvo 5 mil millones de la venta ilegal de terrenos.

Más de 50 personas dentro y fuera del gobierno participó en este desfalco:
"Malbarató miles de hectáreas de terrenos millonarios a precios muy por debajo del real; simuló apoyos a campesinos para desviar recursos; pagó obras inexistentes, incompletas o con sobrecosto", señalan.
"Contrató servicios que no se realizaron y benefició con contratos y predios a empresarios, amigos y familiares allegados a sus círculos de poder", prosiguen.

Entre los principales nombres destacan Juan Pablo Guillermo Molina, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, Mauricio Rodríguez Marrufo, Claudia Romanillos, Gustavo Guerrero Ortiz, Paula González Cetina, Fernando Escamilla Carrillo y José Alberto Alonso Ovando.

PIERDE AMPARO JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA

El ex secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, podría ser detenido en cualquier momento después de que se resolvió el amparo 115/2018 que promovió ante el juzgado tercero de distrito donde se le negó la protección de la justicia federal y se dejara subsistente la orden de aprensión emitida en la carpeta de investigación 144/2018 relativa al manejo de recursos y obras inconclusas de la SINTRA.

A Juan Pablo Guillermo, operador financiero de Roberto Borge, se le imputa el desvío de recursos y la falta de comprobación de múltiples obras realizadas a través de la Secretaría de Infraestructura (SINTRA), donde además han sido señalados otros funcionarios borgistas con la finalidad de rendir cuentas por el destino de los recursos que a la fecha se desconoce el paradero, pues un ejemplo son los caminos saca cosechas, carreteras y demás obras que se supone habían hecho y son inexistentes.

Se espera que en los próximos días, Juan Pablo Guillermo, responda ante la justicia de Quintana Roo junto a los que fueron parte del desfalco en el área de infraestructura y transporte, toda vez que se están agotando todos los recursos que han promovido para retrasar sus procesos y los juzgados federales empiezan a negar amparos dilatorios.

¡JUAN PABLO GUILLERMO, PIEZA CLAVE EN EL SAQUEO A QUINTANA ROO!

Juan Pablo Guillermo Molina ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) con Roberto Borge Angulo no sólo fue pieza clave en el saqueo despiadado y sistemático que sufrió Quintana Roo el sexenio pasado, sino también uno de los que dañaron a varias generaciones que vieron canceladas las posibilidades de ver satisfechas sus necesidades más apremiantes.

Necesidades en materia educativa, de salubridad y de seguridad pública que debido al robo a gran escala ejercido por este ex funcionario y su camarilla, no pudieron ser cubiertas por el gobierno del que formó parte y que solo fue aprovechado para desviar recursos públicos y favorecer a un puñado de servidores públicos ambiciosos, carentes de escrúpulos.

De acuerdo al puntual seguimiento que Sol Quintana Roo le ha otorgado al tema, Guillermo Molina no sólo fungió formalmente como titular de Sefiplan, pues gracias a su complicidad se convirtió también en uno de los operadores financieros preferidos del ex gobernador que hoy se encuentra a la espera de que le sea dictado el auto de vinculación a prisión por un delito federal en un penal de Morelos.

¡"JUSTICIA" CIEGA!

Las actuales autoridades todavía piensan que los quintanarroenses son ilusos, ignorantes y que se les puede engañar. Las nuevas autoridades le están fallando a los quintanarroenses.

Con unos cuantos meses de cárcel y el pago del daño, la justicia quintanarroense dio por cerrado el caso del hijo del ex procurador de Justicia de Quintana Roo en la época de Félix Arturo González Canto, Mauricio Rodríguez Marrufo.

Personal ligado, de manera directa, con el ex gobernador Roberto Borge Angulo y brazo ejecutor junto con Claudia Romanillos de entregar el patrimonio de Quintana Roo (terrenos y propiedades del Estado) fueron los que cedieron a amigos, socios y personal bajo las órdenes del ex mandatario quintanarroense, el patrimonio del estado a precios irrisorios.

Mauricio Rodríguez Marrufo salió libre del Cereso de Chetumal el año pasado, luego que la juez determinara su coparticipación en el desvío de recursos contra la administración pública por más de 39 millones de pesos. La juez lo declaró confeso y culpable, pero salió libre porque ya había cumplido su sentencia mientras se llevaba al cabo su juicio.

Sol Quintana Roo, de nueva cuenta, demostró la complicidad de las actuales autoridades con quiénes saquearon a Quintana Roo. Sus juicios a modo y la manera de cómo los irá liberando, uno a uno, todos los involucrados en el saqueo.

Lo que llama la atención de este caso, muy en particular, es que horas antes de que la Juez determinara la sentencia, el ex Fiscal General de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, ya había enviado a través de su equipo de prensa, un boletín a reporteros afines, en el cual se daba a conocer la sentencia y las acciones sobre el caso de Mauricio Rodríguez Marrufo.

De esta manera, queda más claro que el agua que existe tráfico de influencias y complicidad entre las autoridades del cambio. ¿O son adivinos?
Otra vez, se ven involucrados los mismos personajes del momento. Eduardo Martínez Arcila y Pedro José Flota Alcocer, trabajando de manera coordinada y en los obscurito con el fiscal Miguel Ángel Pech Cen, para ir dejando libres de toda acusación al "RBA Team", y a la vez, comenzar a proteger a quienes en breve dejarán sus ayuntamientos y cargos públicos, gente que siempre ha estado ligada a Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.

De seguir así las cosas, nos podemos anticipar de cuál será el futuro de Eliézer Villanueva Lanz, Juan Pablo Guillermo Molina, Claudia Romanillos, Fernando Escamilla, Fabián Vallado, Agustín Lara Souza y del mismo Roberto Borge Angulo, entre otros.

Es inconcebible que el "gobierno del cambio" continúe permitiendo este tipo de atropellos e incumpla de manera directa o a medias con las promesas de campaña. En verdad, la "justicia es ciega".

Escribir un comentario

También te puede interesar: