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lunes, 17 junio 2019

PRESIDENTE DEL DESEMPLEO

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Despidos masivos en el gobierno

*Los estragos causados a la burocracia por los despidos masivos de personal no son menores. Hay incertidumbre y desconfianza por las medidas aplicadas por el gobierno de López Obrador con su austeridad republicana, pues de entrada se estima que más de 222 mil empleados de confianza se quedarán sin empleo, irán a la calle; economistas consultados por el Banco de México pronostican mayor desempleo y menor creación de trabajos formales para 2019 y 2020.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México.- La aplicación de la política de austeridad republicana del gobierno de López Obrador seguirá causando estragos entre los trabajadores al servicio del Estado, pues implica recortes a la burocracia, reducción de salarios y prestaciones y un aumento de la jornada laboral.

La administración federal busca crear secretarías más esbeltas y con mayor eficiencia reduciendo la duplicidad de tareas, sin importarle que ello signifique dejar sin empleo a cientos de miles de mexicanos.

Hay una gran preocupación en las 319 entidades públicas donde laboran un millón 567 mil servidores públicos, de los cuales poco más del 20 por ciento ocupa puestos de confianza. Estamos hablando de casi 350 mil burócratas.
El recorte del 70 por ciento de las plazas de confianza implicará el despido de algo así como 222 mil 600 personas.

El problema es que operar solamente con el 30 por ciento del personal de confianza, de seguro impactará en la capacidad de respuesta del Poder Ejecutivo y redundará en continuas y repetidas fallas. No siempre aquello de hacer más con menos, da buenos resultados.

¿Por qué? Porque el personal de confianza por lo general carga con la toma de decisiones en todas las áreas, además de que tiene un papel relevante en cada uno de los actos jurídicos que dan forma a dichas acciones.

En realidad se espera una gran cantidad de amparos por los afectados incluso por la modificación a la jornada laboral para trabajar hasta los sábados, lo que afectará más a las mujeres que a los hombres por sus responsabilidades domésticas.

Resulta obvio decir que todas las acciones legales que se emprenderán por parte de los miles de afectados tendrán jurisdicción administrativa y laboral.

Y es que la estabilidad en el empleo para la burocracia se sustenta en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, por lo que son improcedentes los despidos por razones de tipo político, sobre todo si son masivos, como es el caso de la presente administración.

También se trasgredirá el artículo 123 en su apartado "B" en cuanto a derechos adquiridos y habrá muchas indemnizaciones, todo lo cual parece estar dispuesto a pasárselo por el arco del triunfo el presidente López Obrador.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal 2017, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país hay poco más de 1.5 millones de burócratas.

Aproximadamente, 258 mil son de confianza, esto si se toma como referencia que en 2015 el 17.2 por ciento de los trabajadores del Estado pertenecía a este sector, según las estadísticas.

Igualmente, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el cierre del primer semestre del 2018, en altos y medios mandos había 69 mil 454 empleados de confianza. Si se despide al 70 por ciento de ellos, significará un recorte de 48 mil 618 personas.

Las nuevas reglas para aquellos burócratas de confianza que sobrevivan a los despidos incluyen contar con ocho horas de trabajo y tener un solo día de descanso a la semana.

Además, no tendrán viáticos, se eliminará la caja de ahorro especial y el seguro de Separación Individualizada, no podrán recibir regalos superiores a los cinco mil pesos, no habrá bonos y el salario será integral.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (o Ley Burocrática como se le conoce), en su artículo 22 dice que la jornada laboral máxima diurna será de ocho horas y, en su artículo 27, establece que por seis días de trabajo habrá uno de descanso.

En caso de que los empleados de confianza sean removidos de sus puestos, tendrán derecho a una indemnización de tres meses de sueldo y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, según establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este derecho fue adquirido por los trabajadores de confianza en febrero de 2016, cuando la Suprema Corte convirtió en jurisprudencia el fallo a favor que dio a un grupo de 16 mil trabajadores de confianza del Estado que en 2015 corrían el riesgo de ser despedidos.

Luis Hernández, experto en Derecho y Catedrático de Posgrado en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), comentó al respecto de la iniciativa de López Obrador de modificar sueldos y prestaciones, que los trabajadores de confianza están protegidos por el artículo 123 de la Constitución Política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma este derecho y dice que, aunque los empleados de confianza no gocen del derecho a la estabilidad en el empleo, disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social como servicios de salud, aguinaldo, bono por quinquenio, seguro de enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, jubilación, retiro, invalidez, rehabilitación, préstamos para la adquisición de casa estipulados en el artículo mencionado, apartado B fracción XIV.

Si estos trabajadores fueran despedidos, el patrón no tiene la obligación de recontratarlos, pues para poderles modificar sus condiciones laborales, tendrían que ser despedidos y reintegrados bajo las nuevas reglas, dice Alfredo De la Rosa, del Despacho De La Rosa Abogados. En caso de ver violados sus derechos, los trabajadores de confianza podrían demandar.

"A los trabajadores de base o sindicalizados el presidente López Obrador no los tocará, porque el costo será mayor", señaló De la Rosa.

Ellos aproximadamente el 65 por ciento de los empleados, según el INEGI tendrían derecho a una indemnización por despido que incluye prima vacacional, la parte proporcional del aguinaldo, tres meses de sueldo y hasta salarios caídos en caso de haber juicio.

"Incluso estos trabajadores tienen derecho a ser reinstalados bajo las mismas condiciones salariales que tenían antes de su despido", dijo De la Rosa.

Los empleados de confianza que no quieran atenerse a las posibles nuevas disposiciones podrán buscar su jubilación anticipada, negociar alguna gratificación o buscar ser reacomodados en otras posiciones, sugiere el abogado laboral Jorge Sales Boyoli, director general del Bufete Sales Boyoli.

Actualmente once mil 576 servidores públicos de diferentes dependencias de gobierno han tramitado acciones legales contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece, entre otras cosas, que ninguno de ellos puede ganar más que el presidente de la República.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en total hay dos mil 489 demandas (230 fueron en línea) interpuestas por 402 jueces, 540 magistrados, tres mil 347 secretarios, 745 actuarios, tres mil 381 oficiales y mil 499 servidores externos.

Los inconformes pertenecen a 12 entidades: Pemex, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

También figuran servidores públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Gobernación, así como del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Sobre el tema, especialistas en economía encuestados por el Banco de México (Banxico) ven con menor optimismo el comportamiento de las variables macroeconómicas, en relación con lo previsto a principios de año.

Los economistas pronostican mayor desempleo y menor creación de trabajos formales para los próximos años.
Para 2019 y 2020 se espera que la tasa de desempleo incremente a 3.57 y 3.74 por ciento respectivamente, ambas cifras mayores a las que se registran para el cierre de este año.

También se redujeron las expectativas de empleos formales, pues los analistas prevén que el número de asegurados en el IMSS se reduzca en los próximos dos años.

El caso de los despidos en el SAT

El plan de austeridad de la nueva administración ha desatado escándalos por la forma arbitraria en que se está procediendo a terminar los contratos de trabajo con los empleados de las dependencias del gobierno federal.
Tal es el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde se dará de baja a una cantidad aún sin darse a conocer de empleados.

De manera oficial, el SAT advirtió que se buscará reducir el personal de las oficinas en la Ciudad de México y disminuir los empleados o desaparecer algunas representaciones del organismo en los estados de la República.

En Guanajuato, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México se les notificó a los empleados de base que por instrucciones del gobierno federal terminaba su contrato de trabajo.

En redes sociales circularon imágenes de empleados de Veracruz encerrados en sus oficinas que eran condicionados para firmar su renuncia.

El SAT reconoció la existencia de irregularidades, por lo que solicitó a la Administración General de Recursos y Servicios que, en los términos de la normatividad aplicable, revise que las acciones sean realizadas en estricto apego a la ley.

Sobre el tema, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, sostuvo que los despidos masivos de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), son injustificados.
El máximo organismo de la burocracia nacional advirtió que no se puede maltratar a los trabajadores, pues se les ha cortado como si fuera pasto con el "filo de navaja", pese a que con su trabajo han colaborado al desarrollo de las instituciones del país.

"Si es un Presidente de convicción social, no puede mandar a la calle con un corte como si fuera un pasto alto, sus familias dependen de ellos. Hemos pedido hacer un estudio escrupuloso, lo peor que le puede pasar a una familia es que se queden sin ingreso", dijo Joel Ayala, dirigente de Federación.

El líder de los burócratas pidió al presidente López Obrador cumplir con sus promesas de campaña de respetar los derechos de los trabajadores sindicalizados y no quitarles el empleo.

En respuesta, el presidente López Obrador aseguró que revisará los despidos masivos de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en varios estados del país, quienes han denunciado que esto se debe a causa del programa de austeridad que impulsa su administración.

Si bien la propuesta del nuevo gobierno está enfocada en recortar puestos de la alta burocracia y no en los empleados de base, en la práctica se han dado casos de despidos injustificados prevaleciendo la incertidumbre entre los trabajadores de los tres órdenes de gobierno.

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