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jueves, 21 marzo 2019

LA MAFIA DE ANDRÉS DESPLAZA A LA MAFIA DEL PODER

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STAFF SOL QUINTANA ROO/STAFF SOL YUCATAN

Los virreyes de AMLO, como son llamados los delegados de la Federación en las entidades del país, son el claro ejemplo de un gobierno de cuates y de cuotas, aquello que el futuro Presidente de México tanto cuestionó de los mandatarios del PRI y del PAN. Verónica Díaz, secretaria del senador, Ricardo Monreal como delegada en Zacatecas y Aldo Ruiz, ex vocero del movimiento #YoSoy132, figuran entre los codiciados nombramientos, siendo la muestra del amiguismo y compadrazgo que predominarán en la próxima administración.

Los gobiernos de los estados recibieron este año un billón 791 mil 804.1 millones de pesos de la Federación, recursos en donde no intervienen los delegados federales, pues estos se canalizan a través de la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, lo que está a discusión y en tela de juicio no es el uso de los dineros por parte de los virreyes de López Obrador, sino el contrapeso político que implica para los gobernadores la intervención de tales funcionarios que tendrán la facultad de autorizar y supervisar la aplicación de los programas sociales.

Los delegados de López Obrador violentan la soberanía de los Estados, quienes tienen la facultad legal inalienable, exclusiva y suprema, de ejercer el poder dentro de su territorio a través de sus gobernadores.

Estos "virreyes" tendrán comunicación directa con el Presidente de México y realizarán acuerdos con los Secretarios de Estado. La mayoría son cuadros políticos del partido que tendrá el poder: dirigentes estatales, legisladores y ex legisladores de Morena.

En realidad serán los operadores electorales y políticos del Gobierno Federal y una vez asentados en las entidades se impondrán como gobernadores de facto.

Es la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para perpetuarse en el poder más allá de 2018 detrás de la Silla Presidencial, sobre todo por el poderío absoluto que ostentará a partir del próximo 1 de diciembre al tener mayoría en el Congreso de la Unión. Los delegados serán sus ojos, oídos y boca en los estados.

Entre ellos hay legisladores electos, dirigentes locales del Movimiento de Regeneración Nacional, ex coordinadores regionales de campaña y figuras del círculo más cercano de amigos de Andrés Manuel López Obrador, quienes suplirán las funciones de los delegados federales en los estados y en la Ciudad de México.

Para sustentar nuestras afirmaciones de que se trata de un gobierno de cuates y de cuotas tenemos los ejemplos de Arturo Abreu, en Quintana Roo, quien ha sido cobijado por el futuro Presidente de México desde que estuvo al frente de la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Otros casos son los de Delfina Gómez en el Estado de México, Pablo Amilcar Sandoval en Guerrero, Carlos Lomelí en Jalisco, Lorena Cuéllar en Tlaxcala y Joaquín Díaz Mena en Yucatán.

También tenemos a Rabindranath Salazar en Morelos, y Rodrigo Abdalá en Puebla, quienes fueron candidatos de Morena pero perdieron las internas ante Cuauhtémoc Blanco y Miguel Barbosa, respectivamente. Es el premio de consolación –nada despreciable- para los amigos del tabasqueño que perdieron en las elecciones para gobernador del pasado 1 de julio.

Delegados, el brazo ejecutor del Presidente

Una vez que Andrés Manuel López Obrador resultó ganador de la Presidencia de México, enseñó el colmillo político y extendió el brazo ejecutor para imponer una autoridad paralela a los gobernadores de los estados de la República.

La desaparición de todas las delegaciones de las secretarías de Estado y dependencias federales que operan en las entidades, siembra el poder absoluto del futuro Presidente de la República.

Los recursos que la Federación entrega anualmente a las entidades fluyen por esos conductos que son los delegados con los que los gobernadores y alcaldes tienen que negociar, pues son los intermediarios políticos y presupuestales para conseguir que les bajen el dinero.

Los planes de López Obrador son ejercer el control político –además del económico- y prueba de ello es que entre los nombramientos de delegados aparecen personajes de perfil cien por ciento político, que se alejan mucho de ser administradores de recursos financieros o supervisores de obras públicas o de desarrollo social de carácter federal.

¿Podrá un gobernador lidiar con un delegado resentido y con sed de venganza a quien derrotó en las pasadas elecciones?

¿Cuál será el papel que desempeñarán los mandatarios estatales al tener que negociar los recursos con un funcionario que representa no solo a la Federación, sino que actúa bajo las órdenes directas de López Obrador, sobre todo en aquellas entidades donde los gobernadores son de un partido ajeno a Morena?

No hay duda que Andrés Manuel López Obrador tendrá una injerencia directa en todos los asuntos internos de los estados, sobre todo en aquellos que tradicionalmente se han utilizado con fines electorales como son los programas sociales.

Ejemplos de ese contrapeso político son los de Joaquín Díaz Mena, quien perdió en Yucatán frente a Mauricio Vila Dosal; de Delfina Gómez, en el Estado de México, a quien el priista Alfredo del Mazo de ganó la gubernatura, y Carlos Lomelí Bolaños, que también perdió en Jalisco frente a Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano.

Todo esto tiene tufo a la creación de poderosos y politizados vicegobernadores que les disputarán los reflectores y los méritos a gobernadores legitimados por el voto del electorado, pues el cargo les servirá de plataforma para buscar la revancha en las próximas elecciones con la bendición del patrón de Palacio Nacional.

Así de simple, esa es la intención del político tabasqueño con la creación de los delegados únicos, lo demás es pura retórica.

Algunos gobernadores rechazan a delegados

Las funciones que desempeñarán han sido severamente cuestionadas e incluso han sido rechazados por algunos gobernadores. Los delegados de Programas Integrales de Desarrollo centralizan el poder y atentan contra el Pacto Federal que rige el actual sistema de gobierno.

Los mandatarios Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán; Jaime Rodríguez (independiente), de Nuevo León; Javier Corral (PAN), de Chihuahua; Héctor Astudillo (PRI), de Guerrero; y Miguel Márquez (PAN), de Guanajuato, así como los gobernadores electos de Jalisco, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco (Morena), rechazaron a los enviados de López Obrador.

Se dice que los Delegados de Programas Integrales de Desarrollo, antes llamados Coordinadores Estatales, carecen de facultades para manejar recursos presupuestales, y que sus funciones se centrarán en supervisar programas, planes y obras de desarrollo, pero en la práctica diaria de la política todos veremos que serán un poder paralelo a los gobernadores y su fuerza radicará en la cercanía con el Presidente de la República y la línea directa con los Secretarios de Estado.