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martes, 17 julio 2018

SE QUEDA OTRA SAQUEADORA

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*Vinculan a proceso a Elide Medillen Pérez, es participe de los desalojos del Borgismo.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Chetumal.- Un juez de control otorgó el auto de vinculación a proceso, que se sigue en la carpeta administrativa 184/2018 por el delito de negligencia en el desempeño de la función o cargo, en contra de Elide Medillen Pérez.

En la audiencia del día de ayer que inició a las 4 de la tarde y terminó alrededor de las 9:30 de la noche, el Juez de control determinó como medida cautelar la garantía económica. Así mismo decretó como plazo mes y medio de investigación complementaria.

Como se recordará hace unos meses, empresarios de la inmobiliaria Maioris recuperaron cuatro departamentos de lujo que formaron parte de la red de despojos que realizó la Junta de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo (lugar donde trabajaba la ex funcionaria) durante el período de gobierno de Roberto Borge Angulo.Captura de pantalla 2018-06-12 a las 10.10.04

Los departamentos formaron parte de los despojos, fabricaron juicios apócrifos que desarrolló la Junta de Conciliación y Arbitraje, encabezado por el ex presidente Alexis Zavala.

Los departamentos tienen un valor comercial de 350 mil dólares, pero fueron vendidos a sus compradores en cinco millones de pesos.

Durante el desalojo, los trabajadores de mudanza entraron a retirar muebles, sillones, instrumentos de cocina y de las recamaras, para posteriormente depositarlas en un camión.

Ante la ola de despojos que se ejecutaron en la administración pasada, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), en febrero dio a conocer que existen al menos 34 afectados entre personas físicas y empresas que a través de los juicios apócrifos embargaron propiedades para después venderlo a terceros a precios menores al real.

Durante Roberto Borge Angulo, se formó a través de grupos internos en la Junta de Conciliación y Arbitraje que creaban juicios apócrifos para ejecutar desalojos en hoteles, condominios y propiedades de lujo, en diferentes municipios del estado, principalmente en destinos turísticos como Tulum, Playa del Carmen y Cancún.

El proceso iniciaba con la creación de juicios apócrifos, se agregaban trabajadores "inexistentes", se integraban al expediente con el apoyo de credenciales de elector provenientes de Tabasco y Veracruz, estos empleados a modo demandaban a grandes empresas por "despido injustificado".
El siguiente paso se ejecutaba en el proceso de juicio, ya que la Junta de Conciliación y Arbitraje no realizaba las notificaciones de demanda a los empresarios afectados, y provocaba que no se encontraran pruebas que contradijeran el despido injustificado de los "empleados a modo", posteriormente la Junta procedía con condenadas millonarias a las cuentas bancarias o en su caso apropiación de inmuebles.
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Durante la serie de despojos en Quintana Roo estaban a cargo los presidentes: María Elide Medillen Pérez de la Junta Especial Número Uno; Alexis Zavala Ávila de la Junta Especial Número Dos; Javier Ernesto Rosado Sauri de la Junta Especial Número Tres; Roberto Ibarra Morales de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, mismo ex funcionarios que aparecen en las denuncias.

En octubre de 2016 la STyPS interpuso las primeras dos denuncias y cuatro más a finales de noviembre por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos, ya que en algunos casos los expedientes no están en poder de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

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