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lunes, 24 junio 2019

VA SEIDO POR NOTARIOS CANCUNENSE Y YUCATECO

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seido 1

*Piezas clave en operaciones fraudulentas de Borge y González Canto

*Coludido con Elíezer Villanueva y Mauricio Góngora

*Cientos de millones de pesos “lavados” a los ex gobernadores

*En la red de lavado, Narcedalia, esposa de Félix González y todo el
clan Martín Villanueva

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México.-El director general del Instituto Geográfico y Catastral de Quintana
Roo, Ricardo López Rivera, deberá informar a la Fiscalía General de la
República, con carácter extraurgente, qué propiedades y bienes
pudieran estar a nombre del notario 13 de Cancún, Quintana Roo, Rubén
Antonio Barahona López y de Magda Noehmí Evia Bolio, hermana del
notario público número 69 de Mérida, Yucatán, Hugo Wilberth.

Fuentes allegadas a la investigación que lleva a cabo la
Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada
(SEIDO), señalaron que en marzo pasado, el Ministerio Público de la
Federación solicitó al director del citado instituto realizara una
minuciosa búsqueda en su base de datos e informara al titular de la
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda
(UEIORPIFAM), si Barahona López, notario 13 de Cancún, Quintana Roo y
Magda Noehmí Evia Bolio, cuentan con propiedades registradas a su
nombre, antecedentes registrales, escrituras públicas o actos
traslativos de dominio.

De existir evidencias relativas a propiedades, la información deberá
ser enviada a la brevedad posible al titular de la Agencia Décimo
Quinta Investigadora de la UEIORPIFAM de la Unidad de Investigación y
Litigación en la Ciudad de México de la SEIDO, así como los datos del
propietario o de los propietarios.

Tales disposiciones, se derivaron de las indagatorias que corresponden
a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/0000446/2017,
iniciada por el delito de operaciones con recursos de procedencia
ilícita.

Según antecedentes del caso, Barahona López, titular de la Notaría
Pública No. 13 de Playa del Carmen, fungía como ejecutor legal de los
negocios del ex gobernador y ex senador Félix Arturo González Canto y
del también ex gobernador quintanarroense, Roberto Borge Angulo, para
quienes “lavó” cientos de millones de pesos.

En la misma Notaría, trabajaba el joven José Alfredo Martín
Villanueva, hermano menor de Narcedalia Martín Villanueva, esposa de
Félix Canto, quien fungía como ejecutora legal de la regularización de
las propiedades de la entonces familia gubernamental.

Se dice que la mujer se encargaba de la ejecución de los millonarios
recursos que recababa González Canto, vía porcentaje, por licitaciones
durante su sexenio a través de su otra cuñada, Sonia Patricia Martín,
conocida como “La Dama de los Diezmos”, por aquello del 10 por ciento,
cuyos dividendos nunca fueron ingresados a las arcas públicas y se
utilizaron para comprar bienes al ex senador.

Dentro de la red de complicidades, figuraron también su asesor y
compadre, Omar Giacoman Alborta, en cuanto a negocios relacionados con
obras y adquisiciones públicas, además de ser representante del
proyecto de los puentes Nichupté y Bojórquez, en Cancún.

Giacoman, originario de Bolivia, propietario de la empresa Ecolimpia,
junto con la compañía SETASA, recolectaban 900 toneladas diarias de
basura en Cancún, un negocio que les generaba más de 8 millones de
pesos mensuales.

En ese grupo también participaban Francisco Alor Quesada, Andrés Ruiz
Morcillo y Ricardo Pech, como parte del selecto grupo de operadores
del ex mandatario.

Sonia Patricia tenía bajo su mando un nutrido ejército de
colaboradores, entre ellos Andrés Canul Novelo, entonces subsecretario
Técnico de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra),
quien era el encargado de dar información de todas las licitaciones de
construcción.

A Eliézer Villanueva Lanz, ex titular de la Dirección General de
Administración, quien se halla a salto de mata, le correspondía el
manejo de la información relacionada con la adquisición de diversos
productos.

En lo referente a las investigaciones sobre el fraude por más de 536
millones de pesos, cometido por José Mauricio Góngora Escalante, ex
presidente de Playa del Carmen y ex candidato a la gubernatura de
Quintana Roo, actualmente preso, se señala directamente al multicitado
notario como pieza fundamental para poder consumar los ilícitos,

Góngora Escalante, como presidente municipal, entre los años 2014 y
2016, benefició a medio centenar de empresas “fantasma” con dinero de
los recursos federales, a través de la renta de maquinaria también
“fantasma” de distintos estados del país para trabajos inexistentes.

Conforme a las investigaciones realizadas, se detectó que la red de
defraudores operaba en tres vértices claves: la Notaría 13 de Playa
del Carmen, la consultora Consolida S.C. y la Tesorería del
Ayuntamiento de Solidaridad.

En la notaría de Barahona López, situada precisamente en Playa del
Carmen, se maquilaron al menos 50 actas constitutivas de empresas
“fantasma” que finalmente eran documentadas y domiciliadas fuera de
Quintana Roo, ubicadas en estados como Puebla, Yucatán, Nuevo León y
Veracruz, aunque fueron para trabajos relativamente sencillos, como es
el relleno de predios.

En lo concerniente a la empresa Consolida S.C. del cozumeleño Leonel
Villanueva Peón, en ese sitio se terminaban de armar los expedientes
técnicos de las obras y los contratos a favor de las empresas
“fantasma”, con formatos bien definidos y el ciclo se cerraba en la
Tesorería del ayuntamiento de Solidaridad, donde daban celeridad a
los expedientes para el pago de las facturas en menos de 24 horas.

Las pesquisas revelan también que los trabajos y obras no eran
sometidos a licitaciones públicas, sino asignadas directamente porque
se trataba de arrendamientos con montos menores a los 600 mil pesos y
de esa manera se desviaban los recursos federales.

En lo referente a Hugo Wilberth Evia Bolio, notario público número 69
de Mérida, Yucatán, hace 6 años, en marzo de 2013, fue acusado de
avalar una “venta ilegal” en perjucio de los ejidatarios de Huncanab
de 730 hectáreas ejidales.

Álvaro Méndez Novelo, asesor jurídico de los habitantes de Huncanab,
señaló que por resolución presidencial de 1937, “(…) los ejidatarios
de Huncanab son beneficiarios de 730 hectáreas de tierras ejidales en
un solo polígono, que incluyen el caserío, la iglesia, las calles y
las rieles Decauville, entre otros bienes”.

En 2012, el supuesto propietario, Juan Antonio Palomeque Cetina, le
vende a Gabriel Arturo Arceo Núñez, con la pretensión de que aparezca
un tercer propietario como comprador de buena fe y así tratar de
legitimizar una fraudulenta transacción.

Los supuestos propietarios pretendieron justificar sus acciones
expropiatorias y de robo, señaló Méndez Novelo, con una escritura que
data de 1967 o sea 30 años después de la resolución presidencial y la
ejecución.

Pese a las anomalías, que evidenciaron una venta ilegal, dijo, el
notario Hugo Wílberth Evia Bolio no tomó en cuenta al Registro
Agrario, como es su obligación y ante esa circunstancia podría perder
su registro al incumplir con los requisitos que la ley lo obliga.

Sin embargo, hasta la fecha el notario continúa en su cargo sin que
nada haya ocurrido.

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